La certificación energética en edificios públicos
La certificación energética en edificios públicos también es obligatoria para aquellos inmuebles con una superficie útil superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público.
El Real Decreto 235/2013 estableció que desde el 1 de junio de 2013, los edificios de nueva construcción y los existentes que se vendan o alquilen requerían de un certificado energético. Esta norma se extendió tiempo después a edificios públicos, en los cuales, la etiqueta energética debe ser exhibida en un lugar destacado y visible.
La certificación energética en edificios públicos se extiende a:
- Edificios administrativos: ministerios, consejerías, direcciones generales, ayuntamientos…
- Escuelas infantiles, colegios, institutos públicos y universidades públicas.
- Bibliotecas y centros culturales.
- Polideportivos y pabellones de deporte.
- Hospitales y centros de salud.
- Palacios de congresos.
- Paradores de Turismo.
Detalles del certificado energético
Todo certificado energético recoge una serie de informaciones relevantes acerca del inmueble analizado, en relación a su consumo energético e instalaciones:
- Datos técnicos y administrativos del inmueble.
- Etiqueta energética (calificación energética obtenida de la edificación)
- Recomendaciones para mejorar la calificación energética.
- Lista de pruebas realizadas por el técnico en cuestión.
- Los consumos energéticos anuales y su equivalencia en emisiones de dióxido de carbono.
La calificación energética de edificios
Los resultados del estudio de los edificios para dotarlos de una calificación energética, se trasladan a una etiqueta de eficiencia energética, donde se designa la Clase Energética de eficiencia, que irá de la clase A (para los edificios más energéticamente eficientes) a la clase G, (los menos eficientes).
Las instituciones públicas con el ahorro energético
La certificación energética de edificios públicos es especialmente interesante para obtener un ahorro energético que favorezca a los fondos públicos, como también para contribuir a reducir problemas relacionados con la energía que puedan perjudicar al medio ambiente. Así, pues el sector público predica con el ejemplo para que haya una concienciación sobre la necesidad de la eficiencia energética.